Veinte años después de la adopción de la directiva sobre trabajadores desplazados, la Comisión Europea presentó, el 8 de marzo de 2016, una revisión precisa del dispositivo para tener en cuenta las consecuencias de un recurso cada vez más importante a esta práctica y acabar con sus efectos negativos. Este nuevo texto se inscribe en la continuidad de la directiva de ejecución adoptada en mayo de 2014, que pretende luchar contra el fraude. Los debates, en la época, habían destapado divergencias profundas entre los países de envío de trabajadores desplazados y los países de acogida. La intervención de la Comisión Europea, centrada en el principio de un salario igual en un mismo lugar de trabajo, despertó estas tensiones hasta el punto de acabar en la adopción de una "tarjeta amarilla" en once parlamentos nacionales, denunciando así un ataque contra el principio de subsidiariedad.