Los atentados asesinos de París (enero y noviembre de 2015), de Copenhague (febrero de 2015) y de Bruselas (marzo de 2016) resaltan la realidad y la amplitud de la amenaza terrorista yihadista en el territorio europeo. También plantean con agudeza la cuestión de la respuesta europea a esta amenaza. Las normas de los tratados no atentan contra el ejercicio de las responsabilidades que incumben a los Estados miembro para la conservación del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior (art. 72 TFUE). Pero la Unión también debe obrar para asegurar un nivel elevado de seguridad, en particular con medidas de coordinación y de cooperación entre las autoridades policiales y judiciales (art. 67 TFUE). Se plantea entonces la cuestión de una "plusvalía" europea en un combate que incumbe primero a los propios Estados miembro.